En un giro sorprendente de los acontecimientos, la Oficina del Fiscal General (FGR) de México solicitó una orden de aprehensión contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, pero esta solicitud no prosperó. Según el periodista Carlos Loret de Mola, la información proviene de fuentes de alto nivel dentro del Poder Judicial y de la FGR.
Loret de Mola, reconocido columnista de EL UNIVERSAL, publicó en su cuenta de Twitter que proporcionaría más detalles en el sitio web Latinus. Reveló que, aunque se presentó un documento de 100 páginas al Poder Judicial para levantar la orden de aprehensión contra Videgaray, este fue golpeado por el Poder Judicial, lo que llevó a la FGR a retroceder y rearmar su petición.
El documento presentado por la FGR alega múltiples delitos contra Videgaray, incluyendo:
- Un delito electoral: Se le acusa de haber entregado un millón 664 mil dólares a Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial de 2012, gestionados con Odebrecht y provenientes de sobornos en el extranjero.
- Dos delitos de cohecho: Videgaray supuestamente ayudó a Peña Nieto durante su mandato (2012-2018) a recibir aproximadamente 5 millones 850 mil dólares y 84 millones de pesos de Odebrecht y Braskem a cambio de favores.
- Un delito de asociación delictiva: Implicaría que Videgaray sobornó a legisladores para aprobar reformas estructurales que supuestamente sometieron la integridad de la nación a extranjeros.
- Un delito de traición a la patria: Relacionado con la promoción de reformas que habrían beneficiado a intereses extranjeros en el sector energético.
La gravedad de estos cargos refleja un oscuro panorama de corrupción y abuso de poder en el que muchos altos funcionarios se han visto involucrados. La Fiscalía, sin embargo, enfrenta el reto de obtener la orden de un juez para arrestar a Videgaray, lo que indica una lucha interna dentro del sistema judicial y de la FGR misma.
El exfuncionario, quien es muy conocido por su papel clave en las administraciones de Peña Nieto, dejó el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) para mudarse a Israel. Según Salvador García Soto, periodista de EL UNIVERSAL, esta mudanza se debe a los temores de Videgaray por un eventual arresto en México, donde se concentra la atención de la fiscalía sobre sus posibles delitos.
Las implicaciones de este caso son profundas no solo para Videgaray, sino también para el futuro de la política mexicana. Aquí se despliega un hilo enredado de poder, corrupción y responsabilidad que podría reconfigurar el paisaje político si se lleva a cabo una investigación imparcial y exhaustiva.
Esto refleja el clima de incertidumbre y de justicia fluctuante en el país y plantea la pregunta: ¿serán finalmente responsabilizados los altos funcionarios por sus actos?
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