El acuerdo de cooperación en materia de asilo, firmado el pasado 10 de febrero de 2021 en una ceremonia en Washington, DC, por el Secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, y la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, busca dissuadir a los migrantes que intentan entrar a los Estados Unidos. Este pacto obliga a los solicitantes de asilo a buscar protección en El Salvador, una medida que busca controlar el flujo migratorio desde Centroamérica hacia el norte. 
En las declaraciones tras la firma, McAleenan afirmó que «este acuerdo es un importante paso adelante» en la cooperación entre ambos países para garantizar la seguridad y la prosperidad en la región. Sin embargo, el acuerdo no ha sido exento de críticas, ya que diversos organismos de derechos humanos han cuestionado la capacidad de El Salvador para recibir y brindar protección a los migrantes.
- Asilo a Terceros Países: El acuerdo se inscribe dentro de la estrategia de asilo de Estados Unidos, donde se considera a El Salvador como un sociedad de terceros países. Esto significa que aquellos que buscan asilo deberán hacerlo en El Salvador antes de poder entrar a EE.UU.
- Inversión Económica: Hill Tinoco también señaló la importancia de la inversión económica en El Salvador, describiéndola como esencial para disminuir la migración forzada por la violencia y la pobreza.
- Problemas Estructurales: Expertos advierten que El Salvador enfrenta grandes desafíos en cuanto a la violencia organizada y la corrupción, lo que plantea dudas sobre la efectividad del acuerdo.
Este pacto de asilo llega en un contexto donde México y Guatemala ya han firmado acuerdos similares, por lo que se presenta una tendencia en la política exterior estadounidense hacia la externalización del control migratorio. La administración actual busca, a través de estas medidas, reducir significativamente el número de migrantes que arriban a sus fronteras.
Defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación: Si este acuerdo entra en vigor, EE.UU. obligará a comunidades vulnerables a buscar seguridad en un país que no está preparado para proteger a sus propios ciudadanos
, señaló Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Las dudas sobre la capacidad de El Salvador para implementar un acuerdo de esta naturaleza también son latentes, dado el contexto de derechos humanos en el país.
En conclusión, el acuerdo firmado entre Estados Unidos y El Salvador representa un cambio significativo en la política migratoria, uno que podría tener repercusiones más allá de las fronteras del país centroamericano. Mientras ambos gobiernos ven esta cooperación como un avance, las organizaciones de derechos humanos cuestionan sus implicaciones y la capacidad del país para asumir esta carga.
¿Qué significa esto para los solicitantes de asilo y la política migratoria en general? Solo el futuro lo dirá. 😊